España cuenta con 17 estados autonómicos, lo que lo convierte en el segundo país del mundo con más autoridad política sobre los gobiernos regionales, que en un gobierno federal o centralizado (solo por detrás de Alemania). Este modelo autonómico está basado en la Constitución de 1978, y aunque genera un coste bastante profundo para la contabilidad nacional, sigue siendo la única opción contemplada para el gobierno español.
En los últimos seis años hemos venido viendo un incremento en el gasto de los parlamentos autonómicos, lo que ha generado malestar en gran parte de la comunidad española. Algunas personas se mantienen a favor de los estados autonómicos, mientras que los detractores alegan que se trata de un gasto innecesario.
El gasto de los estados autonómicos en los últimos años
Para el 2011 los Estados autonómicos ya estaban teniendo gastos elevados en cuanto a sus parlamentos, esto según datos de emitidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quienes manifestaron que para el mencionado año las comunidades autonómicas gastaron más de 86 mil millones de euros para lograr un buen funcionamiento dentro de sus instituciones, este monto representa casi el 10 por ciento del valor de todos los servicios y bienes producidos en el país, solo para mantener la autonomía de los estados.
Para 2017, solo cinco años después, mantener los 16 parlamentos autonómicos costó 336 millones de euros, siendo el catalán el más costoso, en el que se invirtieron 51, 9 millones de euros para su funcionamiento.
Los costos parlamentarios incluyen gastos de pago de nóminas de personal, mantenimiento de infraestructuras, electricidad, teléfono, suministros, alquileres, además de gastos por inversiones, obras y servicios y partidas de subvenciones.
Beneficios de los estados autonómicos
Pese a los elevados costes que generan los estados autonómicos, estos se perfilan como la mejor opción para un país que apuesta a la descentralización territorial del poder.
En la actualidad son los ciudadanos quienes defienden los estados autonómicos, de acuerdo con una encuesta reciente realizada por el CIS, cerca del 41% de la población está de acuerdo con el funcionamiento de los estados autonómicos, y solo un 16% que prefiere eliminarlo.
Este apoyo frente al Estado autonómico ha venido creciendo en los últimos años. Para el 2013 solo el 31% de la población lo apoyaba, mientras que para el 2019 la aprobación por parte de la ciudadanía llegó a 40%, el otro 1% se sumó en los primeros meses del 2020.